UNA APUESTA HACIA EL CAMBIO DE LA EDUCACIÓN DE LA ABOGACÍA CON VISIÓN A LA ÉTICA Y LA DEONTOLOGÍA JURÍDICA
DOI:
https://doi.org/10.56219/dialctica.v1i25.3836Palabras clave:
Deontología jurídica, derecho aplicado, registro calificado, calidad académicaResumen
El ejercicio profesional de los abogados, al igual que el número de profesionales que salen al mercado laboral y las diferentes especificidades que se dan en torno a estas variables, actualmente proyectan un panorama desalentador y lleno de desosiego que refulge por cifras que han roto tendencias de más de 13 años, como lo es por ejemplo los 1597 profesionales sancionados disciplinariamente para el año 2023. Dichas cifras refuerzan la preocupación que diversos sectores y directivas gubernamentales han manifestado, generando afectación al buen nombre y credibilidad en el ejercicio práctico y jurídico que desarrollan los abogados. Dentro de los innumerables esfuerzos para tratar de recuperar aquella tradición jurídica de más de 50 años, el Gobierno Nacional expidió la ley 1095 de 2018 que busca validar la idoneidad de los graduados de los programas de derecho. Dicho examen conformado por 63 preguntas abordan las siguientes competencias: (a) diagnóstico-jurídica, (b) comunicación en el ámbito jurídico y (c) defensa de la Constitución y de la deontología del ejercicio de la Abogacía; medidas que no son suficientes si se tiene en cuenta que cada día el número de programas de IES que obtienen en el registro calificado para ofertar el programa de derecho va en aumento (algunas de ellas en doble modalidad, presencia y virtual); lo que conlleva a que haya una sobre oferta que no contrasta con una devaluada demanda de profesionales, en donde según estadísticas del DANE para el mes de enero del 2024 se generó una contracción del -64%. Las universidades quienes formulan los planes de estudio y los docentes encargados de la transmisión de conocimiento tienen un papel preponderante en la formación de profesionales íntegros y dotados de capacidades y valores profesionales, que les permitan afrontar los nuevos retos que exige los nuevos sistemas procesales y un mundo laboral más agreste.
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